Fuente:  eleconomista.es (Guillermo Alcántara)

Se debe dar una respuesta jurídica más contundente a los robos en líneas ferroviarias

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A lo largo del mes de agosto del 2022 elEconomista.es ha publicado dos noticias sobre el sector ferroviario que, como responsable del área de Derecho Ferroviario de la Sección de Derecho Marítimo y del Transporte, del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), considero muy pertinentes comentar.

Una de ellas hace referencia, según datos del INE de junio, al incremento del tráfico ferroviario respecto del aeronáutico, y la segunda detallaba el restablecimiento de la circulación en la línea de Alta velocidad Madrid - Barcelona - Figueres tras un robo de cableado.

 
¿Por qué el interés en relacionar ambas noticias?

Sencillamente porque ante la creciente número de viajeros en la alta velocidad ferroviaria - uno de los objetivos de la liberalización de este sector - nos encontramos con que sus infraestructuras son muy difíciles de vigilar por el número de kilómetros (según ADIF se alcanzarán los 4.000 Km en 2022 siendo nuestro país el primero en Europa, y el segundo del mundo tras China, por kilómetros de alta velocidad operados) y, en mi opinión, la actual legislación no disuade lo suficiente el robo de cableado en estas infraestructuras.

Hay que precisar que el robo de cables ferroviarios está íntimamente unido al precio de las materias primas, incrementándose si el precio es alto y disminuyendo cuando no lo está tanto, y las actuales tensiones económicas y políticas mundiales están precisamente provocando escasez en determinadas materias primas.

Por lo tanto, no es descartable que se produzcan más robos de cable en las líneas de alta velocidad ferroviaria, afectando a un sector clave para la actual movilidad: no sólo por estamos en el periodo de mayores desplazamientos, sino que además el otro sector de referencia - el aeronáutico - está sufriendo dificultades de readaptación tras la pandemia.

Tampoco hay que olvidar que al ser el medio de transporte que menos contamina uno de los objetivos de la UE es el impulso y desarrollo de este sector (el 2021 fue, por la pandemia, un deslucido Año Europeo del Ferrocarril). Finalmente, la alta velocidad ferroviaria tiene una gran importancia para nuestra economía.

¿Por qué considero que la actual legislación no disuade lo suficiente a los autores de estos robos?

Para ello quiero centrarme en la petición que ha hecho la fiscalía respecto de la persona detenida tras el robo de cables en la línea de Alta velocidad Madrid - Barcelona - Figueres: "delitos de robo con fuerza, estragos y resistencia a la autoridad".

Sin entrar a valorar el de resistencia a la autoridad me parece muy revelador que el fiscal, en su calificación objetiva de los hechos, incluya el delito de estragos en concurso de normas con el delito de robo con fuerza.

Una lectura de los correspondientes artículos del Código Penal nos da la clave; las penas del delito de estragos son mucho más elevadas que las del delito de robo con fuerza, por lo tanto su efecto disuasorio es igualmente mayor. Sin embargo, y pese a que la fiscalía argumentará que en este caso se dieron forma objetiva los elementos del delito de estragos, lo cierto es que raramente - si es que se ha dado algún caso - se ha condenado por este delito en un caso de robo de cableado de infraestructuras ferroviarias.

En este sentido la reforma del año 2015 del delito de robo con fuerza, que añadía supuestos e incrementaba las penas, quizás se queda corta pues, cuando ponemos en contexto todos los elementos como el actual tráfico de viajeros que usan el ferrocarril de alta velocidad, las perturbaciones que crea en las estaciones la interrupción de una línea de alta velocidad, la dificultad de vigilar los miles de kilómetros de infraestructuras y - precisamente por hablar de una extensión tan grande - las posibilidades de detener en el acto al autor (el caso de este mes agosto es más la excepción que la regla general), claramente no se disuade lo suficiente en la actualidad a los delincuentes de cometer estos delitos.

Dado todo lo anterior es posible que este sea el momento de lanzar un debate jurídico que, desde el punto de vista penal, proporcione una respuesta más eficaz a estos supuestos; de lo contrario se corre el riesgo de que un sistema de transporte, que se está convirtiendo en esencial para la sociedad y la economía del país, sufra tantas interrupciones que deje de ser fiable para los usuarios.